El Gobierno aprueba 300 M€ en ayudas para la industria electrointensiva

Desde 2019 el Gobierno ha destinado cerca de 900 millones de euros para la compensación por los costes de emisiones de C02.

Estas ayudas muestran el compromiso del Gobierno con los sectores industriales electrointensivos y permiten mejorar su competitividad, reforzar sus capacidades industriales y el empleo.

La CE permite a cada Estado miembro compensar los costes indirectos de las industrias de determinados sectores a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de “fuga de carbono”, debido a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Industria y Turismo a efectuar la convocatoria 2024 del mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero por un importe de 300 millones de euros para los costes incurridos en el año 2023.

Estas ayudas muestran el compromiso del Gobierno con los sectores industriales electrointensivos y permiten mejorar su competitividad, reforzar sus capacidades industriales y el empleo. Desde 2019 el Gobierno ha destinado cerca de 900 millones de euros para la compensación por los costes de emisiones de C02, pasando de 6 millones de euros convocados en 2018 a 244 en los últimos años, 2022 y 2023.

El importe final de la ayuda, para cada beneficiario, se calculará teniendo en cuenta la producción y consumo eléctrico reales del año para el que se concede la misma, incluyendo los aumentos de capacidad y las disminuciones de producción que hayan tenido lugar.

La intensidad máxima de la ayuda no podrá superar el 75% del coste subvencionable establecido por las directrices europeas. No obstante, la intensidad máxima podrá ser superada si hay disponibilidad presupuestaria y sólo para ciertos casos en función del valor añadido bruto (VAB) de cada instalación.

La Comisión Europea permite a cada Estado miembro compensar los costes indirectos de las industrias de determinados sectores o subsectores a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de “fuga de carbono”, debido a los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad.