El Gobierno destinará 11.316 millones a políticas de industria y energía, incluidos fondos europeos

La política de industria y energía contará en 2022 con unos recursos de 11.316 millones de euros, incluyendo la financiación de actuaciones por importe de 5.477 millones a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Descontando dicho importe del MRR, el Gobierno destinará 5.839 millones de euros a las políticas de industria y energía durante el próximo año, con un incremento del 5,1% respecto del ejercicio precedente.

El Ejecutivo destaca que si hasta la crisis sanitaria del Covid-19, poner el acento en potenciar la industrialización era un punto prioritario de la política europea y suya, en este momento es «todavía más necesario» el apoyo decidido de la Administración para crear mecanismos específicos y eficientes que permitan recuperar la actividad industrial «cuanto antes».

«Una crisis de estas dimensiones impone cambios drásticos motivados por un contexto adverso, por lo que la industria, entre otras cosas, debería acelerar la digitalización, la automatización y la industria 4.0, adaptar sus procedimientos en la distribución espacial, las cadenas de valor y la logística, replantearse qué producir para adaptarse a los cambios de demanda y nuevos hábitos de consumo, lo que implicará producir con mayor eficiencia», señala el Ejecutivo.

No obstante, según precisa, no debe dejarse de lado el desarrollo y potenciación de los sectores tradicionales, transformando el tejido industrial para adaptarlo a este nuevo contexto, marcado por la rápida evolución de las tecnologías digitales y por una creciente competencia internacional.

En concreto, el programa de reconversión y reindustrialización contará en 2022 con unos recursos de 707 millones de euros, de los que 650 millones de euros constituirán la aportación al Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP).

Asimismo, se apuesta por dar continuidad al programa de desarrollo industrial, dotado en 2022 con 277 millones de euros, dirigidos en su mayor parte a compensar a los consumidores electrointensivos por los «elevados» costes de la electricidad, con especial atención al riesgo de deslocalización o fuga de carbono.

Asimismo, el programa de incentivos regionales a la localización industrial tiene como principal objetivo el desarrollo económico regional, mediante la concesión de subvenciones a fondo perdido a empresas privadas que realicen proyectos de inversión que se localicen en áreas geográficas definidas por el Gobierno, con el fin de reducir las diferencias de situación económica interterritorial y que contribuyan al desarrollo interno de la zona y/o palien el desempleo con razonables garantías de éxito.

Estas ayudas se conceden siempre supeditadas al cumplimiento de una serie de condiciones particulares por parte del inversor en cuanto a inversión, empleo, autofinanciación y periodos de ejecución. En 2022, para incentivos regionales se destinarán 94 millones de euros.

POLÍTICA ENERGÉTICA

Asimismo, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año cuentan con una partida presupuestaria de 3.817 millones de euros para política energética, de los que 2.766 millones de euros corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Dentro de esta partida destaca la dotación para el bono social térmico, programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.

La ayuda a conceder tiene como finalidad compensar gastos necesarios para garantizar el suministro de energía para usos térmicos o el apoyo a actuaciones de ahorro o mejoras de la eficiencia energética a los consumidores vulnerables, con una dotación prevista en 2022 de 157 millones de euros.

Asimismo, esta política incluye durante el próximo año una dotación para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por importe de 300 millones de euros, dirigidos a apoyar el impulso de la eficiencia energética y las energías renovables, con la finalidad principalmente de anticipar a los beneficiarios de los préstamos fondos para actuaciones que una vez ejecutadas y certificadas, podrán obtener retornos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Por lo que se refiere a la financiación presupuestaria legalmente prevista de costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema, se consignan dotaciones para realizar las aportaciones derivadas de los ingresos por subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y de los ingresos tributarios de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, así como transferencias para compensar el 50% de los extracostes de generación eléctrica en los territorios no peninsulares que suman 3.695 millones de euros para el próximo año.


REDUCIR LOS COSTES EN LA FACTURA ELÉCTRICA
El Gobierno precisa que el esquema señalado, que da cumplimiento a la vigente normativa sobre apoyo al sector eléctrico en cuanto al impulso de las energías de fuentes renovables, se verá posiblemente modificado a lo largo del próximo ejercicio al estar en tramitación en las Cortes Generales dos proyectos de Ley.

Se trata del proyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y el proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico.
La aprobación de ambas normas supondrá cambios relevantes en los mecanismos de financiación del sistema eléctrico tendentes, por una parte, a que la carga de las primas a las renovables se distribuya entre todos los agentes del ámbito energético y, por otra, a introducir medidas que racionalizan la retribución de la producción energética de determinadas fuentes.

Todo ello, según explica el Ejecutivo, contribuirá a reducir los costes que hasta el momento se contienen en la factura eléctrica, minorando la carga que soportan los consumidores.

Fuente: Europa Press

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